Desaparecen los Arqueólogos

No quiero adelantarme a las noticias que en los próximos días surgirán sobre Toledo y que demostrarán que no todo es Vega Baja, o dicho de otro modo, que no por "haberse salvado" (todo está por ver) una pequeña parte de un yacimiento único en el mundo Toledo ha dejado de estar en peligro.
Mucho me he empeñado personalmente en los últimos ocho años en demostrar que los arqueólogos son unos pobres profesionales despreciados por los "cultos gobiernos", progresistas o conservadores.
La ley de patrimonio actual garantiza al Estado que no tendrá que gastar un duro en recuperar patrimonio, pues los interesados constructores le harán el expediente y le cubrirán las espaldas, así podrá dedicar la práctica totalidad de su presupuesto a embellecer el "patrimonio privado" de la Iglesia Católica.
Pero en la ciudad de Toledo, una de las de más monumentos por metro cuadrado del mundo, a los poderes les incomoda que algo importante aparezca y enturbie su "política de compensación regional". Toledo no tiene derecho a un solo parque arqueológico, cuando en la superficie urbana podríamos mencionar más de cuatro de importancia internacional.
Es por eso que cuando en 2004 se constituyó la Asociación Profesional de Arqueólogos de la Provincia de Toledo, los profesionales pretendían tener voz sin que eso les privara del derecho a comer todos los días.
Fue el 29 de septiembre de 2005, cuando conseguí, tras meses de insistencia, que un miembro de esta asociación se pronunciara sobre la importancia del yacimiento de Vega Baja y la barbaridad que se iba a cometer. Estas palabras le sirvieron para ser amenazado con acciones legales de la empresa municipal que pretendía construir sobre una zona protegida por UNESCO y el Gobierno de España.
Si durante años he denunciado con mi palabra los intentos de extorsión de distintas administraciones para impedir un ejercicio científico independiente, el pasado 25 de junio se consumaba la disolución de esta asociación profesional, de forma oficial por "falta de actividad" y por los datos y pruebas que obran en mi poder, como consecuencia de un proceso de acoso y derribo instigado desde las administraciones que deberían haberse posicionado como "garantes del patrimonio".
Ya en 1899, la Sociedad Arqueológica de Toledo, sociedad privada que intentó sacar a la luz los restos del circo romano, se topó con la Comisión Provincial de Monumentos, que vio en estas actividades una intromisión en funciones que no le eran propias, puesto que el poder tiende a utilizar la cultura y el patrimonio en su propio beneficio pero no como obligación en el marco de sus funciones y competencias.
Los intentos personales para que estos profesionales se unieran frente a los poderes y defendieran con honestidad sus conocimientos han sido del todo infructuosos. Esta nueva profesión que estaba naciendo, la de arqueólogo, ha sido sistemáticamente criminalizada "por hacer demasiado bien su trabajo", según algún alto cargo.
Estos profesionales han sumado su miedo a la posibilidad de no trabajar, pues dependen de contratas adjudicadas a dedo por quienes "no quieren más descubrimientos" y de empresas que les contratarán en base a lo favorables que sean sus dictámenes e informes para los que necesitan que no aparezca nada de valor en sus obras.
Estamos ante otro día triste para la arqueología y para el patrimonio español, al tiempo que se confirman mis sospechas acumuladas durante estos años de denuncia.
Es tiempo de colegiar la arqueológía y de renovar la obsoleta y dañina ley que tanto beneficia a los privados y tanto perjudica al patrimonio.