Como todo el mundo conoce a estas alturas, Toledo pretendía urbanizar los restos de la que fue la capital del reino visigodo. Si bien aquello parecía ser el final de una guerra, lamentablemente no era más que el intermedio de una de sus batallas, pues el principio de todo estuvo en 1998 y el final aún no se ha escrito.
En el año 1986 el Gobierno de España firmaba con UNESCO la declaración de Toledo como ciudad del Patrimonio Mundial, lo que conocemos por la expresión "Patrimonio de la Humanidad" y se comprometía en un tratado con rango de ley a preservar Toledo y su imagen, estableciendo unas zonas de protección paisajística "no urbanizables" y declarándose solvente para anular cualquier plan o modificación del existente que no contara con el visto bueno "previo" del Comité del Patrimonio Mundial (UNESCO).
Fue en 1998 cuando se pretendió recalificar como urbanizables zonas protegidas, originando el conflicto de Vega Baja. Pero no era más que el principio pues Ayuntamiento y Junta de Comunidades querían en base a la irregular modificación, aprobar a continuación un Plan de Ordenación Municipal en el que se recalificaba como urbano (listo para construir) el resto de áreas protegidas por UNESCO y declaradas Patrimonio de la Humanidad. Si bien Toledo necesita una planificación ya que sus problemas actuales se derivan de las improvisaciones y los aprovechamientos urbanísticos, su condición le obliga a ser cuando menos escrupuloso con su pasado.
A pesar de que el Estado se ha comunicado desde 2005 con el Ayuntamiento y con la Junta, por tener competencias transferidas, el Plan de Ordenación Municipal de Toledo se aprobó el 2 de junio de 2006 en el Ayuntamiento y con carácter definitivo el 23 de marzo de 2007, sin carta arqueológica ni informe cultural y por lo tanto de espaldas a UNESCO, que sigue sin recibir un informe que poder autorizar y obligado antes de cualquier aprobación, al tratarse de un conjunto histórico declarado por la institución cultural.
Los ciudadanos que en los últimos años libramos esta lucha por salvar el patrimonio nos hemos convertido en el blanco de constructores y de algún que otro político sin escrúpulos que nos califica como "fundamentalistas", por ser traba para la utilización privada de lo público, de lo que gustoso otro día podría contar ampliamente.
Podríamos sintetizar el asunto que nos ocupa diciendo que la ciudad más importante del Patrimonio de la Humanidad está siendo recalificada para que "muy pocos" propietarios puedan explotar una futura ciudad dormitorio con vistas a lo que quede de una ciudad que lo fue todo, pero que quedará en manos de grandes fortunas amasadas por saldar el patrimonio español, euros a peseta.
El Estado, como garante del patrimonio, del territorio y ahora al ratificar el Convenio Europeo del Paisaje también de las siluetas y horizontes, debería hacer valer las competencias que declaró ante UNESCO en 1986 con su firma y anular los planes urbanísticos que pesan sobre la joya de la corona de esta España que escribe su nombre hoy en cemento.
En el año 1986 el Gobierno de España firmaba con UNESCO la declaración de Toledo como ciudad del Patrimonio Mundial, lo que conocemos por la expresión "Patrimonio de la Humanidad" y se comprometía en un tratado con rango de ley a preservar Toledo y su imagen, estableciendo unas zonas de protección paisajística "no urbanizables" y declarándose solvente para anular cualquier plan o modificación del existente que no contara con el visto bueno "previo" del Comité del Patrimonio Mundial (UNESCO).
Fue en 1998 cuando se pretendió recalificar como urbanizables zonas protegidas, originando el conflicto de Vega Baja. Pero no era más que el principio pues Ayuntamiento y Junta de Comunidades querían en base a la irregular modificación, aprobar a continuación un Plan de Ordenación Municipal en el que se recalificaba como urbano (listo para construir) el resto de áreas protegidas por UNESCO y declaradas Patrimonio de la Humanidad. Si bien Toledo necesita una planificación ya que sus problemas actuales se derivan de las improvisaciones y los aprovechamientos urbanísticos, su condición le obliga a ser cuando menos escrupuloso con su pasado.
A pesar de que el Estado se ha comunicado desde 2005 con el Ayuntamiento y con la Junta, por tener competencias transferidas, el Plan de Ordenación Municipal de Toledo se aprobó el 2 de junio de 2006 en el Ayuntamiento y con carácter definitivo el 23 de marzo de 2007, sin carta arqueológica ni informe cultural y por lo tanto de espaldas a UNESCO, que sigue sin recibir un informe que poder autorizar y obligado antes de cualquier aprobación, al tratarse de un conjunto histórico declarado por la institución cultural.
Los ciudadanos que en los últimos años libramos esta lucha por salvar el patrimonio nos hemos convertido en el blanco de constructores y de algún que otro político sin escrúpulos que nos califica como "fundamentalistas", por ser traba para la utilización privada de lo público, de lo que gustoso otro día podría contar ampliamente.
Podríamos sintetizar el asunto que nos ocupa diciendo que la ciudad más importante del Patrimonio de la Humanidad está siendo recalificada para que "muy pocos" propietarios puedan explotar una futura ciudad dormitorio con vistas a lo que quede de una ciudad que lo fue todo, pero que quedará en manos de grandes fortunas amasadas por saldar el patrimonio español, euros a peseta.
El Estado, como garante del patrimonio, del territorio y ahora al ratificar el Convenio Europeo del Paisaje también de las siluetas y horizontes, debería hacer valer las competencias que declaró ante UNESCO en 1986 con su firma y anular los planes urbanísticos que pesan sobre la joya de la corona de esta España que escribe su nombre hoy en cemento.
